España aprueba la Ley de Protección del Informante para promover la transparencia y la lucha contra la corrupción
Canal de denuncia: pilar de la cultura interna
Elementos esenciales para prevenir el soborno y la corrupción
La ley busca proteger a las personas que informen sobre acciones u omisiones específicas y fomentar una cultura de la información para prevenir y detectar amenazas al interés público.
El gobierno de España ha aprobado este 20 de febrero de 2023 una nueva ley que establece la obligación de que ciertas personas jurídicas del sector privado dispongan de un Sistema interno de información o también conocidos como Canal de Denuncias.
La ley se aplicará a aquellas empresas que tengan contratados cincuenta o más trabajadores, así como a aquellas que operen en sectores específicos regulados por la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente. Además, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por ellos también están obligados a cumplir con esta ley si reciben o gestionan fondos públicos.
Las empresas que no estén vinculadas por esta obligación también podrán establecer su propio Sistema interno de información, siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en la ley.
En el caso de un grupo de empresas, la sociedad dominante deberá aprobar una política general relativa al Sistema interno de información y asegurar su aplicación en todas las entidades que lo integran. El responsable del sistema podrá ser uno para todo el grupo o uno para cada sociedad integrante del mismo, subgrupo o conjunto de sociedades, y será admisible el intercambio de información entre los diferentes responsables del sistema del grupo.
Así mismo, el Titulo VII de la ley establece la prohibición de represalias contra las personas que informen sobre acciones u omisiones ilícitas, y define las represalias como cualquier acto desfavorable que sitúe a la persona informante en desventaja en su entorno laboral o profesional. Se detallan ejemplos de actos constitutivos de represalia, como el despido, la coacción, el acoso, la discriminación, entre otros.
Además, se establece que los actos administrativos que impidan o dificulten la presentación de comunicaciones o constituyan represalia serán nulos y darán lugar a medidas disciplinarias y de responsabilidad, incluyendo la indemnización de daños y perjuicios al perjudicado.
Este paso es importante porque asegurará que las empresas cuenten con procedimientos y políticas que las hagan estar preparadas para manejar adecuadamente la información confidencial y proteger los derechos de sus empleados. Las empresas que no estén vinculadas por esta obligación también podrán establecer su propio Sistema interno de información, siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en la ley.